Iglesias quiere que la Ley de Memoria denuncie la «violencia del Estado» en la Transición

El Gobierno llevará en los próximos meses al Congreso su ley de «memoria democrática». Aunque la norma está en manos de la vicepresidenta, Carmen Calvo, Podemos quiere aprovechar para que el texto final introduzca algunas reivindicaciones. Consideran que el anteproyecto de ley, que se aprobó el pasado septiembre en Consejo de Ministros, resulta insuficiente. El partido de Pablo Iglesias pide, entre otros, que el periodo de aplicación se extienda más allá de la Guerra Civil y el franquismo. En concreto, hasta 1983. Denuncian que hasta entonces existió «violencia institucional» por parte del Estado. Así se expresó recientemente Martina Velarde, portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Memoria Democrática del Congreso, en una charla organizada por el Instituto 25M, de Juan Carlos Monedero.

Podemos ya presentó en 2018 en el Congreso una proposición de ley en la que se hablaba no sólo de víctimas del franquismo, sino también «de la Transición». El actual redactado de la futura ley limita el reconocimiento al período comprendido entre «el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución española de 1978».

«Reparación económica»

Desde Podemos, en cambio, se quiere extender más allá de la Transición. Consideran que «la represión franquista no sólo afecta a los hechos producidos en la Guerra Civil y los años inmediatamente posteriores» y alegan que «entre 1975 y 1983, a falta de cifras oficiales, están contabilizadas hasta 188 víctimas mortales de la violencia de origen institucional por parte del Estado». La declaración supondría el reconocimiento  «al derecho a la reparación jurídica, moral y económica a todos los familiares directos» de quienes «sufrieron la represión» hasta 1983.

Desde la formación de Pablo Iglesias presionan también para que el texto incluya medidas más concretas acerca de las incautaciones y para que se lleve a cabo una «auditoría de los bienes expoliados». Asimismo, ponen en el punto de mira a la Fundación Franco y reclaman la «reparación económica» por parte del Estado a las «víctimas que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa».

Podemos también pone el foco en aspectos ya contemplados en la futura ley, como el «expolio documental»o la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de las Brigadas internacionales. La formación pide además «la creación de un centro museo de la memoria democrática como organismo de referencia de las políticas públicas y las iniciativas sociales para la sensibilización» sobre esta materia.

Multas

El nuevo texto pretende actualizar la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su aprobación está prevista en el primer semestre de este año. Entre los puntos más destacados se incluye un régimen sancionador que castiga con multas de hasta 150.000 euros  los «actos de exaltación de la Guerra o de la Dictadura que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos» o «las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes sean contrarias a la normativa sobre memoria democrática, inciten a la exaltación de la Guerra o de la Dictadura, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».

Además recoge la «resignificación» del Valle de los Caídos como «cementerio civil» y «la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto». También se «declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».

El texto destaca que «el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas» y para ello «se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato».

La norma establece además que será el Estado el que asuma la responsabilidad en las exhumaciones y que se creará un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Sobre las fundaciones, se determina la extinción de aquellas que realicen «apología del franquismo» o inciten «directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales».

También se creará una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos «para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra y la Dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario».

Se retirarán los símbolos o elementos que se consideren «contrarios a la Memoria Democrática» y también se suprimirán aquellas distinciones, títulos o condecoraciones que se concedieran a personas relacionadas con la Guerra o el franquismo.